Alcaldes, propietarios forestales y la industria del chopo celebran el cambio de postura de la CHD e impulsan el cultivo en Castilla y León

Un total de 45 alcaldes de municipios con choperas de las provincias de León, Palencia y Zamora, junto con propietarios forestales y del sector de la madera, se han reunido esta semana en Toral de los Guzmanes (León) para celebrar el cambio de postura de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) respecto a las prohibiciones de plantación de choperas en las riberas del Duero. Los asistentes han visitado la planta de Garnica Plywood en Valencia de Don Juan y diversas plantaciones de chopo en Toral de los Guzmanes. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha reunido con los asistentes para conocer sus inquietudes y apoyar desde la Junta de Castilla y León el desarrollo de este importante sector para el medio rural de Castilla y León, jornada a la que también ha asistido la presidenta de la CHD, Cristina Danés. 

En su intervención, Suárez-Quiñones ha anunciado anunció el compromiso de la Junta, a través de SOMACYL, de continuar plantando un mínimo de 500 hectáreas anuales en Castilla y León. Castilla y León es la mayor comunidad autónoma en superficie de choperas de la Unión Europea.

Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero

Durante los dos últimos años la Junta de Castilla y León, FACYLE, COSE, AEFCON, y diversos organismos públicos (ayuntamientos, diputaciones, entidades locales menores), colegios profesionales y particulares han participado en el proceso de redacción del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, realizando propuestas y aportaciones.

Las movilizaciones tuvieron su origen en que la Confederación Hidrográfica del Duero comenzó a aplicar en el primer trimestre de 2019 criterios muy restrictivos respecto a la plantación de choperas en dominio público hidráulico, planteándose mantener esta prohibición en el nuevo Plan Hidrológico; esta medida, que afectaría a más de 5.000 hectáreas de superficie ribereña en el medio rural de Castilla y León, hubiera tenido las siguientes consecuencias:

• Eliminación del 12 % de la superficie de choperas en la Cuenca del Duero, unas 15.000 parcelas.
• Pérdidas económicas superiores a 23 millones de euros anuales.
• Destrucción progresiva de empleo en el sector: hasta 1.300 puestos de trabajo, de los cuales, 430 en el medio rural.
• Drástica reducción del presupuesto de los ayuntamientos y entidades locales afectados, con una media del 60 %
• Eliminación de un importante sumidero de CO2, que contribuye además a la laminación de avenidas y a la mejora de la calidad del agua. 

Gracias a la decidida actuación de la Plataforma +ChopoSí, impulsada por las organizaciones FAFCYLE, COSE Y AEFFON, que representan a los propietarios de choperas y a la industria de transformación de la madera,  a la que se adhirieron la mayoría de los ayuntamientos y juntas vecinales afectados, diputaciones, empresas de servicios, autónomos, viveros y multitud de voces que defienden el cultivo del chopo, junto con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y su sociedad pública SOMACYL, se consiguió dar una adecuada redacción a los distintos Planes Hidrológicos en relación con las choperas.

Así, en el caso de la Cuenca del Duero, el principal artículo que motivó la polémica finalmente ha quedado redactado de esta manera:

            Art. 30.2.b) Se autorizarán las plantaciones de cultivos arbóreos en el dominio público hidráulico respetándose el cauce de aguas bajas, las zonas de gran actividad hidráulica (depósitos de sedimentos desnudos e inertes) y las ocupadas por vegetación natural de ribera. Para ello, se debe salvaguardar un espacio de 5 metros medido desde la vegetación de ribera si existiera o desde el cauce de aguas bajas si no fuera así. Esto también será de aplicación para los brazos secundarios existentes.

Con este acuerdo se ha puesto fin a los problemas suscitados y el chopo volverá a plantarse el próximo invierno en todos aquellos terrenos ribereños de la Demarcación del Duero que han estado afectados por la conflictiva medida, garantizando los beneficios ambientales, económicos y sociales que proporcionan a los territorios y a los habitantes de Castilla y León.